La Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia muestra su satisfacción por la respuesta de la Consejería de Educación ante la situación que se venía dando en el alumnado de aulas enclave y centros específicos de educación especial, los cuales han estado pagando la cuota del comedor escolar siendo ésta una actividad enmarcada dentro de su currículo escolar.
ESTAS FAMILIAS DEJARÁN DE PAGAR LA CUOTA DEL COMEDOR ESCOLAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024.
RECIBEN ASÍ RESPUESTA A UNA DE LAS REIVINDICACIÓNES presentadas por esta Plataforma en la reunión celebrada el 26 de septiembre del presente año con la Consejera de Sanidad, la Consejera de Políticas Sociales y el Consejero de Educación.
PATDI valora esta medida tomada por la Consejería de Educación como rápida, ágil, y de compromiso social, esperando que en breve también se cumpla el compromiso adquirido en la citada reunión de crear dos Equipos Específicos de AT, para ayudar a la detección de signos de alarma en el desarrollo de la población de 0 a 3 años y facilitar la transición a la educación obligatoria.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los compromisos adquiridos por las otras Consejerías implicadas en el cumplimiento de la Ley de Atención Temprana, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el 2019 y que no se está cumpliendo. Hasta la fecha, no hemos obtenido ninguna respuesta.
Consejería de Sanidad: Es urgente la creación de la UAT (Unidad de Atención Temprana) de Lanzarote, siendo la única isla que en la actualidad no cuenta con este recurso.
Falta la tercera en Gran Canaria y Tenerife, según los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura.
Teniendo en cuenta, que las UAT que vienen funcionando son insuficientes para responder a la demanda existente, con interminables listas de espera y atención insuficiente a los menores y su familia que reciben atención en la actualidad.
Solicitamos que, atendiendo a la población de nuestras islas, se adquiera el compromiso político para que durante la presente legislatura Gran Canaria cuente, al menos, con 5 UAT (32.927 menores de 6 años); 5 UAT en Tenerife (39.685 menores de 6 años); 3 UAT en Lanzarote-La Graciosa (8.134 menores de 6 años); 3 UAT en Fuerteventura (6.287 menores de 6 años); 2 UAT en La Palma (3.175 menores de 6 años); 1 UAT en La Gomera (728 menores de 6 años) y 1 UAT en El Hierro (414 menores de 6 años). Con esta propuesta se pasaría de las supuestas 11 unidades que tendría que estar funcionando en 2023 a 20 UAT en los próximos cuatro años.
Por otra parte, exigimos el cumplimiento del artc.12 de la citada ley, referido a la composición y funciones de las UAT, así como el artc.15, en el sentido de que la atención debe ser independiente de la llevada a cabo en otros ámbitos, aunque con la necesaria coordinación interdisciplinar, estableciéndose un sistema de información compartida que recogerá la información básica y el PIAT (Programa Individualizado de AT de cada menor). En la actualidad hay una gran descoordinación entre todos los agentes implicados.
Consejería de Políticas Sociales: Solicitamos que se especifiquen las partidas correspondientes para el personal que corresponde aportar a esta Consejería a las UAT. Hasta el momento actual esta consejería no ha contratado al profesional psicomotricista que por ley le corresponde, y en algunas de las UAT que vienen funcionando, no cuentan con el/la Trabajador/a Social.
Consejería de la Presidencia: Solicitamos que se cumpla la Disposición Adicional Cuarta de la Ley que establece que el Gobierno de Canarias aprobará el Plan Integral de AT previsto en la misma. Este plan debería haber sido aprobado en noviembre de 2020 y tal como sugirió el Consejo Económica y Social deberá contar con la ficha financiera correspondiente, cuestión de máxima importancia en el momento actual que se discuten en el Parlamento los presupuestos del 2024.
Durante la campaña electoral, Fernando Clavijo se comprometió a dar respuesta a todas las cuestiones planteadas, motivo por el que hemos vuelto a solicitar una reunión, contando con su presencia y necesaria coordinación, para que no solo la Consejería de Educación cumpla con los acuerdos, sino también todas aquellas implicadas en preservar los derechos de la infancia.
